Reunión de los padres de normalistas de Ayotzinapa y senadores.
Foto: Alejandro Ayala/Xinhua
Al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya imagen se
desmorona ante los ojos del mundo, le urge dejar atrás el caso
Ayotzinapa. Y ni siquiera cuando está más desacreditado por las
sospechas de corrupción que lo envuelven, abandona prácticas innobles,
como la petición del mandatario de “superar” la tragedia. De ahí también
el intento de la subsecretaria de Gobernación Lía Limón de sacar la
chequera y repartir dinero entre los familiares de las víctimas,
estrategia a la que antes recurrió infructuosamente el gobernador
sustituto de Guerrero. Los padres de los normalistas dejan muy claro que
no quieren dinero. Quieren a sus hijos vivos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A poco más de dos meses del
ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el gobierno de Enrique Peña
Nieto intenta infructuosamente cerrar ese capítulo de barbarie que ya
marcó su sexenio, mientras los padres de los estudiantes desaparecidos
siguen sin confiar en las investigaciones de la Procuraduría General de
la República (PGR) y no dejan de exigir justicia.
“No van a poder con nosotros hasta que nos entreguen a nuestros
hijos; ahí sí nos derrotan”, advierte Felipe de la Cruz, vocero de los
padres de los normalistas, en entrevista con Proceso.
Los esfuerzos del gobierno federal por dejar atrás la tragedia
empezaron incluso antes de que Peña Nieto, al presentar el Plan Nuevo
Guerrero el jueves 4 en Coyuca de Benítez, llamara a hacer “un esfuerzo
colectivo”, mirar “hacia adelante y (…) superar este momento de dolor”.
En la última quincena de noviembre la subsecretaria de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob),
Lía Limón García, ordenó a sus subalternos organizar una reunión del
Comité Técnico del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en
Materia de Derechos Humanos a fin de indemnizar a las familias de los 43
normalistas desaparecidos.
De acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato, la pretensión de la
funcionaria era abrir la chequera para resarcir a los familiares de los
normalistas desaparecidos y así presentar ante instancias
internacionales “avances” en el caso Ayotzinapa, el cual rebasó las
fronteras y ha dejado maltrecha la imagen de Peña Nieto.
Los cuestionamientos a México en el mundo por los crímenes de
Ayotzinapa fueron palpados por Limón García, quien representó al Estado
mexicano en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) el pasado 30 de octubre en Washington y en otra de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en San José de Costa Rica el
21 de noviembre.
En ambos actos la sombra de Ayotzinapa siguió a la delegación
mexicana. Comisionados de la CIDH y jueces de la Coidh tocaron el tema
mientras activistas acudieron a manifestarse con pancartas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1989, ya en circulación)
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