Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. El silencio durante días del presidente Enrique Peña Nieto y su demora en salir a condenar categóricamente el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa parece tener una explicación. Fuerzas de su gobierno participaron en la emboscada que acabó con la vida de seis personas, dejó heridas a 25 y, en su momento, 43 desaparecidos.
“La Policía Federal mexicana participó activa y directamente en el ataque contra los jóvenes”.
Según una investigación publicada por la revista Proceso,
Fuerzas Federales participaron en el ataque contra los estudiantes el
26 de septiembre pasado, en la ciudad de Iguala, en el Estado de
Guerrero.
Según el trabajo de investigación,
realizado por los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, con el
apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de
California en Berkeley, el Gobierno federal de México supo, en tiempo
real, todo lo que estaba ocurriendo en Iguala la noche de la masacre.
Sobre la base de testimonios,
videos, informes inéditos y declaraciones judiciales, la investigación
muestra que la Policía Federal mexicana participó activa y directamente
en el ataque contra los jóvenes y que la versión oficial de los hechos
mantuvo ha ocultado información durante más de dos meses.
Proceso destaca que el ataque fue orquestado para
golpear en el corazón de “la estructura ideológica y de gobierno de la
institución (por la escuela), pues de los 43 desaparecidos uno formaba
parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la
escuela y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de
Orientación Política e Ideológica (COPI)”
La hipótesis de investigación sobre la que avanzaba la Procuraduría General de Republica (PGR) sostiene que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó el ataque contra los aspirantes a maestros rurales para evitar que los estudiantes interrumpieran el informe de gobierno de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, titular del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) municipal.
La noche del 26 de septiembre,
Maria de los Ángeles Pineda, aprovechaba la presentación de su informe
al frente del DIF como plataforma de lanzamiento de su campaña para
suceder a su esposo al frente del municipio.
Cuando Abarca y su esposa supieron
de la llegada de las estudiantes, que ya habían protestado en su contra
en otra ocasión, temieron que los alumnos volvieran a plantarles cara.
El alcalde no dudó y dio la orden de detener su avance. No sabían que
los jóvenes, según dijeron varios de ellos a UnivisionNoticias.com,
habían llegado hasta allí para tomar unos buses que iban a utilizar
durante sus prácticas como docentes por el estado de Guerrero. Y que
Maria de los Ángeles y sus aspiraciones políticas no estaban en su
radar.
El trabajo sucio lo hicieron
policías municipales de Iguala y del vecino ayuntamiento de Cocula. Eso
se supo casi desde el comienzo luego de que los sobrevivientes narraran
el horror y de que cayeran detenidos decenas de oficiales.
Los agentes los atacaron a balazos.
Tres alumnos y otras tres personas que circulaban por la ciudad
murieron en la balacera. A 43 se los llevaron secuestrados. El grupo
criminal Guerreros Unidos hizo el resto: asesinó, quemó y se deshicieron
de los cuerpos de los estudiantes.
Ahora sale a la luz que agentes
federales y soldados destacados en la zona estaban al tanto de todo y
que algunos participaron en el hecho. Así lo demuestran los documentos y
testimonios obtenidos durante la investigación de Hernández y Fisher.
Un informe desconocido hasta ahora
del gobierno del Estado de Guerrero –fechado en octubre y entregado a la
Secretaría de Gobernación (Segob) hace más de un mes– señala que desde
su salida de la Escuela Normal de Ayotzinapa, los estudiantes estaban
siendo monitoreados por agentes estatales y federales.
Según el informe obtenido por
Proceso, “a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo informó que los
normalistas partían de Ayotzinapa rumbo a Iguala. A las 20:00 horas la
PF y la policía estatal llegaron a la autopista federal
Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una
colecta. A las 21:22 horas el jefe de la base de la PF, Luis Antonio
Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central
camionera y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo”. Los
tres niveles de gobierno estaban informados de la masacre.
La versión coincide con los horarios y ciertos detalles que revelaron los alumnos a UnivisionNoticias.com
tiempo atrás. Pero va más allá al sacar a la luz que la Policía Federal
estuvo presente durante el ataque y que “también operó el Ejército
Mexicano”.
Otro detalle importante es que “el
C4 está bajo el control de la policía estatal pero hay un radio operador
del Ejército, de la Policía Federal, policía estatal y policía
municipal.
Se tienen fotografías que demuestran que en el lugar trabajan conjuntamente los tres niveles de gobierno. Las instalaciones de la policía municipal, la Policía Federal y el 27 batallón de infantería se encuentran en la misma zona y están a una distancia de 3 a 4 minutos del lugar donde ocurrió el ataque, según se pudo corroborar haciendo el trayecto”, dice la investigación que Proceso publica en su edición de este domingo. No hay forma de que el gobierno de Peña Nieto alegue que no sabía lo que estaba ocurriendo.
Se tienen fotografías que demuestran que en el lugar trabajan conjuntamente los tres niveles de gobierno. Las instalaciones de la policía municipal, la Policía Federal y el 27 batallón de infantería se encuentran en la misma zona y están a una distancia de 3 a 4 minutos del lugar donde ocurrió el ataque, según se pudo corroborar haciendo el trayecto”, dice la investigación que Proceso publica en su edición de este domingo. No hay forma de que el gobierno de Peña Nieto alegue que no sabía lo que estaba ocurriendo.
Natividad Elías Moreno, radio
operador de la policía municipal de Iguala que despachaba en el palacio
municipal esa noche, explicó en una entrevista que “el C4 de Iguala está
conectado al Sistema Nacional de Seguridad Pública que controla la
Secretaría de Gobernación”, cuyo titular es Miguel Ángel Osorio Chong,
uno de los hombres fuertes de Peña Nieto. Según este testimonio, todos
los reportes que llegan al C4 llegan simultáneamente a la Policía
Federal, al Ejército y las demás instituciones. La información llega
hasta las más altas esferas del poder.
De acuerdo a la investigación,
desde el 28 de septiembre, dos días después del ataque, la Fiscalía
General de Guerrero, en un intento por deslindar responsabilidades,
ordenó a la Policía Federal que informase “de manera urgente” si sus
oficiales habían participado de manera activa en los hechos del 26 de
septiembre. El fiscal de ese entonces, Iñaki Blanco, pidió el registro
de entrada y salida del personal federal de su base de operaciones,
ubicada a cinco minutos del lugar donde ocurrió el ataque.
Exigió que se le informara el número de patrullas en servicio y el registro del armamento usado entre el 24 y 28 de septiembre. “De acuerdo a los tomos de la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014 la PF nunca entregó esa documentación”, dice la investigación que publica Proceso.
Exigió que se le informara el número de patrullas en servicio y el registro del armamento usado entre el 24 y 28 de septiembre. “De acuerdo a los tomos de la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014 la PF nunca entregó esa documentación”, dice la investigación que publica Proceso.
La revista logró obtener 12 videos
grabados por lo estudiantes con sus teléfonos celulares durante el
ataque. En uno de ellos las victimas identifican claramente la presencia
de la Policía Federal mientras los balean. Ya había caído uno de sus
compañeros.
El escándalo por el caso, tanto en
el país como en el exterior, llevó al Procurador General de la
Republica, Jesús Murillo Karam, a tomar las riendas del caso y hacerse
cargo de la investigación desde el 4 de octubre pasado. Desde entonces,
el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene control de la
investigación. Una investigación que se ha guardado para si los detalles
de la participación de la Policía Federal y del Ejército mexicano.
Por el caso se encuentran detenidas
unas 80 personas, incluido el exalcalde de Iguala y su esposa, cuyos
hermanos fueron operadores del cartel de la droga de los Beltrán Leyva y
del que surgió luego Guerrero Unidos. El gobernador de Guerrero, Angel
Aguirre, tuvo que renunciar.
Desde que los estudiantes fueron
atacados, los sobrevivientes y sus familiares reclaman la aparición con
vida de los 43 secuestrados. Uno de ellos,, Alejandro Mora, fue
identificado entre restos hallados en Cocula tras la confesión de
policías que revelaron la masacre de cometida contra los jóvenes. Ahora
buscan a 42.
Mientras tanto, Guerrero fue
“invadido” de agentes de la Policía Federal y del Ejercito, quienes
llegaron al estado por pedido de Peña Nieto “para garantizar la
seguridad”. Mientras tanto, se sigue con el trabajo de búsqueda e
identificación de los alumnos desaparecidos. En el camino, las
autoridades no han parado de encontrar fosas clandestinas con restos
humanos que nadie sabe de quienes son. ©Univision.com