Por: Sergio Rincón junio 3, 2015 - 12:53 hr.
9 de 9 gobiernos estatales que concluyen en 2015 cargan acusaciones de corrupción
Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).– Las elecciones de este año traerán consigo la transición de nueve gubernaturas: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Querétaro. Sin embargo, ninguna administración de esas entidades se va limpia. Nueve de nueve Gobernadores que se van, están señalados por corrupción.
En mayor o menor medida, los escándalos por tráfico de influencias, uso de bienes del estado para uso personal, desvío de recursos, presuntos vínculos con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, entre otros, han sido situaciones que imperaron durante seis años. Pero a la fecha ningún mandatario estatal ha sido encarcelado.
El denominador común en estos casos es que han salido a la luz por medios de comunicación o filtraciones, y no por investigaciones por parte del Estado mexicano, a pesar que el Presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete han mantenido un discurso de combatir estas actividades ilícitas y de que, incluso, el mes de mayo se promulgo el tan esperado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
De acuerdo con el índice Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México es el país con la puntuación más baja en materia de combate a esta práctica de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ya que en una década no ha rebasado la puntuación de 35, de un máximo de 100. México se ubicó en el lugar número 103 de un total de 175 países analizados en todo el mundo en el Índice de Percepción de la Corrupción debido a la posición de estancamiento en la que se ha mantenido por casi una década.
El Observatorio México ¿Cómo Vamos? cifró en 20 mil millones de dólares el costo que tuvo en 2014 la corrupción y la impunidad en México. A pesar que las acusaciones son muchas, SinEmbargo hace un recuento de los escándalos más sonados, muchos de ellos ya se perfilan como las acciones por las que serán recordado estos gobernantes.
Los casos más graves son los de Rodrigo Medina (PRI) y Guillermo Padrés (PAN), de Nuevo León y Sonora. Pero el resto no se queda atrás.
Hay dos gobernadores de transición: los de Michoacán y Guerrero; asumieron el poder hace apenas unos meses. Los que pidieron licencia, sin embargo, son acusados hasta de nexos con el crimen organizado.
NUEVO LEÓN. Rodrigo Medina de la Cruz
El caso más reciente de corrupción en Nuevo León involucra a la familia del Gobernador priísta Rodrigo Medina de la Cruz, la cual trianguló recursos producto de las presuntas extorsiones a proveedores de la administración estatal mediante dos empresas inscritas en las Islas Caimán, denunció Aldo Fasci, ex Subprocurador de Ministerios Públicos en el sexenio de Natividad González Parás.
Aldo Fasci, ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo al diario El Norte, que al menos dos de las 12 empresas inmobiliarias vinculadas a los Medina son usadas por éstos como pantalla en Estados Unidos. Detalló que se trata de Mesa Investments y Northlake Holdings que registraron filiales en las Islas Caimán.
De acuerdo con el reporte, registros oficiales del territorio caribeño señalan que la primera empresa fue inscrita el 13 de noviembre del 2007, bajo el folio número 198967, y la segunda el 3 de diciembre del 2013 con el folio 283206. Ambas están activas.
Fasci explicó que a través de las compañías en las Islas Caimán y de sus operaciones como desarrolladores inmobiliarios en San Antonio los Medina lavan los recursos producto de las presuntas extorsiones a proveedores de la administración estatal.
SONORA. Guillermo Padrés
En marzo de este año, líderes partidistas y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Tomás Torres Mercado, solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar al Gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien recibió presuntamente dinero de un empresario por contratos durante su administración, según una investigación realizada por el diario The Wall Street Journal.
El medio americano informó que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investiga al mandatario estatal y a su hermano Miguel. Sumado a ello, el Gobernador de Sonora aumentó su riqueza en 9 mil por ciento en los últimos seis años, denunció el presidente del Partido de la Revolución Institucional (PRI) del estado, y primo del mandatario, Alfonso Elías Serrano.
La declaración patrimonial del Gobernador en 2008, un año antes de asumir el mandato estatal, era de 2 millones 700 mil pesos, pero ahora su fortuna es de 261 mil millones de pesos.
A finales de 2014, la asociación civil Sonora Transparente presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Gobernador sonorense por enriquecimiento ilícito. La demanda detalló que el rancho “El Pozo Nuevo de Padrés” pasó de costar 5 millones de pesos en el 2011 a cerca de 100 millones en el 2014.
GUERRERO. Ángel Aguirre Rivero
A pesar que Rogelio Ortega Martínez lleva menos de un año en el cargo como Gobernador de Guerrero, este mes difundió información que podría involucrar su gestión con un presunto desvío de recursos para destinarlos a la campaña de Beatriz Mojica Morga, candidata perredista a la gubernatura del estado.
Una conversación difundida por El Universal da cuenta de cómo el Secretario de Finanzas y Administración del estado, Eliseo Moyao Morales, se queja con Humberto Chávez Millán, director general de Adquisiciones, de que Mojica está presionando para privilegiar a uno de sus proveedores.
En tanto, el PRI y PAN en Guerrero anunciaron que pedirán juicio político contra Rogelio Ortega.
El 10 de noviembre de 2011 SinEmbargo publicó un reportaje sobre el entonces Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, quién colocó en su administración a por lo menos 38 de sus familiares directos. Sus secretarios de Gobierno y de Finanzas, tenían a su vez parentela en puestos públicos: el primero, a 35; el segundo, a 20. Estos datos se derivaron de una nómina, pero podrían no ser concluyentes y quedarse cortos: muchos familiares en tercer nivel y en distintas esferas de gobierno cobran al erario público.
De 93 beneficiados por la nómina del gobierno de Guerrero, 38 tienen responsabilidad directa en el manejo y/o recaudación de recursos públicos.
Los 38 familiares directos Aguirre Rivero le costaron al erario un millón 110 mil 643 pesos mensuales. El Secretario de Finanzas, Jorge Silverio Salgado, logró colar a la administración estatal a 20 parientes que ganan, en conjunto, 591 mil 318 pesos. El Secretario de Gobierno, Humberto Salgado, metió a la nómina a 35 familiares que cobran un millón 110 mil pesos.
El ex Gobernador, incluso, tiene a su hermano, Carlos Mateo Aguirre Rivero, como coordinador general del Ejecutivo estatal, con un sueldo de 48 mil 128 pesos.
MICHOACÁN. Fausto Vallejo
Como Guerrero, esta entidad se partió en dos gobernadores. La primera parte le corresponde a el priista Fausto Vallejo Figueroa, quien fue cuestionado por la presunta relación entre su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, con el grupo criminal de Los Caballeros Templarios.
Inclusive en 2012, la banda delictiva admitió en mantas que no conocía personalmente al mandatario local, pero aseguró que tuvo encuentros con enviados suyos, con los que negociaron apoyos para los comicios en los que resultó electo.
Los Caballeros Templarios afirmaron que ayudaron al PRI con movilizaciones, infraestructura, vehículos, alimentos e incluso intimidación contra los simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones de noviembre de 2011.
El gobierno de Fausto Vallejo Figueroa duró apenas 22 meses, pero en ese tiempo la crisis de seguridad en el estado se incrementó a la par de la desestabilidad política.
Durante casi dos años de esa administración varios funcionarios de la entidad se vieron involucrados con el crimen organizado.
En abril de 2014, el ex Alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera, y su Tesorero, Omar Soto Gil, quienes previamente habían sido detenidos por secuestro y extorsión, fueron evidenciados en una grabación con el líder templario en la que Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, les explicó que Los Caballeros Templarios tenían el control de Michoacán.
Un mes antes, se difundió un video en redes sociales donde se veía a Jesús Reyna y Servando Gómez en una reunión, donde también se pudieron identificar al ex Diputado local priista y titular de los transportistas en el estado, José Trinidad Martínez Pasalagua, a quien también se le relacionó con el grupo criminal.
Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del ex Presidente Felipe Calderón, también tuvo que salir a rechazar las afirmaciones que hizo Servando Gómez contra ella en un video en el que afirmaba que la panista lo buscó para obtener su apoyo en su intento por ganar las elecciones a la gubernatura en 2011.
A la par, en la entidad estallaron diversos grupos de autodefensa y se creó la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, que encabezó Alfredo Castillo Cervantes, hoy titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex mandatario, se le vio en varios videos con “La Tuta” y fue detenido y acusado de encubrimiento, pero tras ocho meses de prisión fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 7 mil pesos, por lo que enfrentará su proceso penal fuera de la cárcel.
El pasado 1 de junio, Rodrigo fue detenido de nueva cuenta por autoridades del Gobierno federal y llevado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Luego que Vallejo Figueroa dejó su cargo por su estado de salud, Salvador Jara Guerrero se convirtió en Gobernador en junio de 2014. Hasta el momento no le han explotado casos de corrupción.
COLIMA. Mario Anguiano Moreno
A pesar de su bajo perfil al Gobernador Mario Anguiano Moreno lo han perseguido casos de corrupción relacionados con la compra de bienes inmuebles valorados en cifras millonarias. Reporte Indigo documentó irregularidades en la compra de terrenos que realizó el Instituto de Vivienda de Colima –ahora llamado Insuvi- como parte de su estrategia para aumentar su reserva territorial para la construcción de casas. Sin embargo, la adquisición a sobreprecios benefició a, por ejemplo: Adriana Santoyo Durán, viuda de Germán Torres Anguiano, familiar del mandatario colimense.
Sin embargo, ese terreno de 98 hectáreas que compró el Instituto de Vivienda de Colima por 35 millones de pesos tenía otro dueño. A la fecha no se sabe nada del caso, pero se presume que ese dinero fue desviado.
El diario Milenio documentó que el Gobernador también aumentó su patrimonio comprando terrenos: en 2012 pago por un predio de 39 hectáreas 468 mil pesos, otro en un fraccionamiento exclusivo con costo de un millón 968 mil pesos y un rancho de siete hectáreas al pie del volcán de Colima, en Cofradía de Suchitlán, colindante con Comala, con un valor de $2.5 millones de pesos.
Todas estas propiedades tienen un valor de casi cinco millones de pesos: cuatro millones 934 mil pesos. Tras los cuestionamientos Mario Anguiano explicó que los recursos los obtuvo al vender otras propiedades con un valor total de dos millones 195 mil pesos; además, el periódico informó de una cuenta del Gobernador en Los Ángeles, California, a lo que el mandatario respondió que se trataba de una herencia de sus esposa.
BAJA CALIFORNIA SUR. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor
El Gobernador panista de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, ha sido acusado de proteger a funcionarios de su gestión, de integrar un gabinete con personajes vinculados con el desvío de recursos, de favorecer empresas de familiares y de tener una familia que presume viajes costosos por el mundo.
A principios del 2015 el semanario Zeta dio cuenta de que el Gobernador Marcos Covarrubias favoreció al Diputado federal y sobrino, Francisco Pelayo Covarrubias, cuyas empresas: “Productos Derivados de Concreto, SA de CV” y “Construmateriales de Baja California Sur, SA de CV” se han convertido en proveedores consentidos de su gobierno y casi siempre han sido beneficiadas con el método de asignación directa.
Covarrubias también fue señalado por cerrar casos de corrupción que involucraba a ex funcionarios y a trabajadores de su gestión. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), únicamente consignó 9 de las 309 denuncias penales interpuestas en contra de ex empleados de 2011 a 2014, refirió Zeta.
SAN LUIS POTOSÍ. Fernando Toranzo Fernández
En abril de este año, diversos diarios locales dieron a conocer que el Gobernador Fernando Toranzo Fernández y su familia tenían a su disposición a 48 escoltas que cuidan de su seguridad, según el Manual de Organización de la Secretaría Particular del Gobernador del Gobierno del Estado. El documento, sin embargo, identifica sólo a 32, que estarían a las órdenes del titular de la Dirección General de Ayudantía y Protocolo, Alfredo Vargas Rangel.
El año pasado, la revista Proceso evidenció que, de acuerdo con investigaciones de autoridades estadounidenses, a través la administración del Gobernador Fernando Toranzo y en específico de la Dirección General de Pensiones a cargo de Oziel Yudiche Lara, quien en 2011 fundó una empresa “fachada” en Miami, operaban dos presuntos lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa.
Las investigaciones señalaron que Yudiche Lara puso a disposición de esta red de lavado de dinero los fondos de los trabajadores del estado, de los maestros y del Fondo Contingente.
El 4 de septiembre de 2013 diversos medios de comunicación de San Luis Potosí exhibieron que el Gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, había utilizado el avión oficial de la entidad para trasladarse durante sus vacaciones, lo mismo que su esposa María Luisa Ramos, quien había utilizado la aeronave para algunos viajes personales.
Toranzo Fernández reconoció que hizo uso de las aeronaves del estado para trasladarse a sitios turísticos o de descanso, e incluso se justificó: “Soy humano y tengo derecho a descansar”.
QUERÉTARO. José Eduardo Calzada Rovirosa
A pesar del bajo perfil con el que se ha manejado José Eduardo Calzada Rovirosa, en 2013 se vio envuelto en la polémica al ser expuesto por la periodista Carmen Aristegui, quien hizo del conocimiento público que el gobierno del estado de Querétaro había gastado 1 millón 69 mil 500 pesos en la fotografía oficial del mandatario y en la de su gabinete en el 2009.
En el mes de junio de ese mismo año, Calzada Rovirosa también se vio envuelto en la polémica al visitar Baja California para hacer proselitismo a favor de los candidatos del PRI
En esa ocasión el regidor panista de Querétaro, Armando Rivera Castillejos, pidió al mandatario que solicitara licencia ya que su trabajo debería estar comprometido los 365 días del año con el estado y no con su partido.
El equipo de comunicación de José Calzada ha tenido cuidado de manejar, en lo posible, una buena imagen del mandatario en los medios de comunicación nacionales, sin embargo, diarios locales revelaron los abusos en contra de activistas y periodistas críticos de su administración.
Uno de los casos más sonados que se tuvo conocimiento a nivel nacional se produjo el 28 de octubre del año pasado cuando se difundieron unos audios en el que se escuchaba la voz del Secretario de Gobierno estatal, Jorge López Portillo Tostado, ordenando un ataque a golpes contra el periodista Juan Manuel Auzua por haber insinuado en su programa que el Gobernador tenía que ver con el problema de la inseguridad en la entidad.
CAMPECHE. Fernando Ortega Bernés
En febrero de 2012, la empresa CIGSA, (Construcciones Industriales del Golfo, S.A. de C.V.) acusó directamente al Gobernador Fernando Ortega Bernés de despojarlos de un predio de cuatro hectáreas que fue comprado a Fondeport, a través del banco Banobras, en 1992. Según Rodolfo Torres Sánchez, apoderado legal de CIGSA, el político priista tuvo intereses personales en aquel terreno ubicado en el Puerto Industrial Pesquero, Laguna Azul, en Ciudad del Carmen, y por eso es que usó toda su influencia para asegurar la posesión del mismo.
Ortega Bernés también fue acusado de favorecer a la familia del ex Secretario de Gobernación del sexenio pasado, Juan Camilo Mouriño, la cual obtuvo un permiso para la construcción, a través de su compañía Inmobiliaria Supermex SA de CV, de un complejo turístico llamado Campeche Country Club.
También fue señalado por haber pagado a Grupo Televisa para promocionar Campeche Playa, Golf, Marina & Spa Resort, considerado como el “Cancún campechano” en el programa Hoy y en la telenovela Mar de Amor.
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